El Ministro de Educación tiene la suficiente cara para dejar el ministerio a su cargo y hacer campaña en capital para la intendencia. Mientras el utiliza los recursos públicos para hacerse una imagen en el país estalla una crisis educacional que se venía gestando a lo largo de su gestión. Se produce el asesinato de un maestro y la represión generalizada de la protesta con secuestros y amenazas. El ministro en campaña reacciona tarde y con su cara de poquer reconoce el crimen, si hay crimen hay un asesino, la investigación se ve paralizada y tanto los autores intelectuales del hecho y el autor material permanecen libres. Para el ministro en campaña el asesinato de un trabajador a su cargo no es un asunto a resolver, sino una mancha que desacredita su cargo y baja puntos en su ascendente carrera al ballotage. Mientras tanto el poder legislativo nacional de mayoría oficialista, el poder que dice representar los intereses del pueblo, vota la ley antiterrorista, un estado de sitio virtual, una ley hecha a la medida de la protesta social en aumento. Si estalla una crisis económica a nivel nacional como en el 2001 el gobierno no quiere tener las manos atadas. Va a reprimir a diestra y siniestra. Mientras tanto los sectores progresistas se enlistan en una virtual guerra con los sectores processistas, en realidad ambos sectores responden a diferentes capos del poder de la mafia nacional y son funcionales a la misma, una mafia sofisticada a la manera norteamericana que a través del sistema electoral, especie de espéctaculo teatral en el que cada candidato actúa un papel en cada elección según la conveniencia del sector al que responde y en realidad hace que la población elija entre los diferentes padrinos de la cosa nostra autóctona.
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